Todas aquellas entidades públicas o privadas (particulares o empresas) que manejen y traten datos de carácter personal. En la práctica esta obligación se extiende a:

• profesiones liberales que ejerzan su actividad como persona física o jurídica, (abogados, economistas, gestores administrativos, asesores fiscales, laborales, agentes inmobiliarios, graduados sociales, agencias de publicidad...)
• empresas prestadoras de servicios (las de servicios de instalación, reparación, talleres...), comercializadoras, fabricantes o distribuidoras de productos, que tengan ficheros de datos de clientes y proveedores, (no se refiere solamente a bases de datos informatizadas, sino que también afecta a los que tengan archivos físicos en papel con estos datos). En la práctica estaría obligada cualquier empresa.
• entidades públicas, pertenecientes a la Administración y Organismos Públicos de la Comunidad de Madrid (Conserjerías u otras instituciones), o a la Administración y Organismo Público de Entidades Locales (Ayuntamientos), u otras personas jurídico públicas (Universidades, Colegios Oficiales, Cámaras de Comercio)